Archivar en agosto 21, 2013

Según las
estadísticas consolidadas de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas,
que van desde el año 2007 al 2013, los casos que fallan en contra del Estado
son el 56% y a favor el 44%.

Esto ha sido
una constante desde que se creó el comentado Tribunal, que a mi juicio falla en
estricto derecho.  

Siendo así el
universo, ¿Por qué ahora es que son noticias los contratos públicos, si en administraciones
anteriores también había flagelaciones, del derecho interno? Tengo 18 viendo
este tema.

Desconozco la
respuesta, pero afirmo que algunas de las debilidades que he visto sobre el
tema en los gobiernos (plural), han sido las siguientes:

Según las estadísticas
consolidadas IBIDEM, los actos más recurridos, son de las siguientes entidades:

MEDUCA el 31%

CSS el 26%

Ministerio de
la Presidencia el 17%

MOP y el
Ministerio de Gobierno el 13%

Es justo comentar
que muchos de los errores en los actos públicos, se deben a las deficiencias del
personal operativo y no del representante legal de las instituciones, que sólo firma
los documentos, previa revisión de las firmas, de las personas responsables.

Es un hecho público y notorio que sólo los hombres, son los que aspiran
hoy, al cargo presidencial, en las próximas elecciones generales del 2014.

No obstante, como no se ha definido aún, la nómina presidencial, de los
candidatos; esbozo a continuación, 10 razones, por las cuales pienso, que una
mujer, podría ser una muy buena opción para ser considerada, como
vice-presidenta, en la fórmula a presentarse próximamente al Tribunal
Electoral.

La Constitución reza lo que sigue.

ARTICULO 69. Se reconoce el derecho de huelga. La Ley
reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los
servicios públicos que ella determine.

               

La huelga
docente no se ha reglamentado por ley, en su ejercicio, como mandata la
Constitución, por tanto, están sujetos a los descuentos que la administración
les quiera hacer, a los educadores que se arriesgan a practicarla.

El
funcionario en derecho administrativo, solo puede exigir el pago, por los días
efectivamente laborados.

La Corte
Suprema de Justicia, Sala Tercera, del 23 de agosto de 1994, ha avalado
 decisiones administrativas, sobre el tema de los descuentos laborales, a
los educadores huelguistas.

Veamos

“Existe una omisión legislativa
en el sentido de que no se ha regulado las restricciones especiales a que puede
someterse el derecho a huelga en los servicios públicos de educación. Mientras
esta ley no se dicte, rige el principio fundamental de derecho público de que
los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente los autoriza
(artículo 18 de la Constitución que establece el principio de la legalidad).
Los educadores de la República son servidores públicos y por tanto sus actos
tienen que realizarse única y exclusivamente conforme lo manda la ley y ésta
dispone que no pueden ausentarse de sus trabajos sin causa justificada
(artículo 797 del Código Administrativo), así como también son de aplicación
los artículos 803, 808 y 811 del mismo Código así como el artículo 144 de la
Ley 47 de 1946. Tales normas contienen implícitamente, las sanciones que las
autoridades administrativas pueden adoptar en caso de abandono del puesto por
parte de un servidor público, por lo que la actuación del Ministro de Educación
tiene pleno respaldo jurídico.

Mientras no se regule el derecho
de huelga de los servidores públicos de educación que no están
comprendidos entre los que menciona el artículo 486 del Código de Trabajo, que
establece qué servicios públicos pueden hacer uso del derecho de huelga,
conforme al artículo 485 del mismo Código, que regula las limitaciones de la
huelga en los servicios públicos, haciéndolo en estos casos más exigentes que
en las huelga de las empresas privadas, tendrán los educadores del país que
someterse a las regulaciones legales existentes, hasta tanto no se dicte la ley
a que se refiere el artículo 65 (hoy 69) de la Constitución Nacional, para los
casos de huelga, que repetimos sólo están regulados en los artículos 485 y 486
del Código de Trabajo y en el que no están incluidos el servicio
público de educación.”

He leído varios de los pliegos de cargos, de
los contratos cuestionados de esa entidad y aparece en ellos, una cualidad exigida
para el proveedor que pareciera que pocas empresas  pudieran cumplir en Panamá, a saber:

“Documentación que certifique que el
proponente ha realizado al menos cinco (5) contratos gubernamentales de
desarrollo empresarial, con montos mínimos de B/.165,000.00 cada uno y que
incluyan videos de negocio, durante los últimos 2 años”.

La Ministra, para evitarse problemas legales,
debiera mostrarle a la ciudadanía, que en el estudio previo en el mercado, que
debió hacer su entidad, al momento de hacer el pliego de cargos,  su entidad corroboró la existencia de varias
empresas que pudieran cumplir con ese perfil, pues de lo contrario, sería
pecaminosa la contratación, independientemente que hubiese hecho la licitación
pública; toda vez que el pliego de cargos, debe hacerse de manera objetiva y
transparente; procurando sobre todo, la participación de diversos oferentes, en
los actos, con el propósito de lograr la adquisición de un buen producto, a un
buen precio. (Véanse los artículos  18 y 25 de la ley 22 de 2006).

La ministra de AMPYME debe rendir cuentas

He leído varios de los pliegos
de cargos, de los contratos cuestionados de esa entidad y aparece en ellos, una
cualidad exigida para el proveedor que pareciera que pocas empresas  pudieran cumplir en Panamá, a saber:

“Documentación que certifique
que el proponente ha realizado al menos cinco (5) contratos gubernamentales de
desarrollo empresarial, con montos mínimos de B/.165,000.00 cada uno y que
incluyan videos de negocio, durante los últimos 2 años”.

La Ministra, para evitarse problemas
legales, debiera mostrarle a la ciudadanía, que en el estudio previo en el mercado,
que debió hacer su entidad, al momento de hacer el pliego de cargos,  su entidad corroboró la existencia de varias
empresas que pudieran cumplir con ese perfil, pues de lo contrario, sería
pecaminosa la contratación, independientemente que hubiese hecho la licitación
pública; toda vez que el pliego de cargos, debe hacerse de manera objetiva y
transparente; procurando sobre todo, la participación de diversos oferentes, en
los actos, con el propósito de lograr la adquisición de un buen producto, a un
buen precio. (Véanse los artículos  18 y 25 de la ley 22 de 2006).

Todo servidor público debe rendirle
cuenta al país, conforme a la filosofía de la ley de transparencia.

Ley 6 de 2002

Obligación de Informar por Parte del Estado

Artículo 8. Las instituciones del
Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera,
información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan,
exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso
restringido.

El hecho de que la Asamblea Nacional
no haya querido citar a algunos funcionarios, criticados por algún sector de la
ciudadanía; no los exime, de que ellos, por voluntad propia, lo hagan, como lo
dicta la ley antes citada.

Es un hecho público y notorio los
cuestionamientos que gravitan por algunos contratos públicos, elaborados por
varios entes estatales.

Si los que firmaron los mismos, no
desean rendirle cuentas al pueblo, el Ministerio Público tiene la obligación de
iniciar, al menos unas sumarias en averiguación, debido a que los pliegos de
cargos y los contratos, deben hacerse de manera objetiva y transparente;
procurando sobre todo, la participación de diversos oferentes, en los actos, con
el propósito de lograr la adquisición de un buen producto, a un buen precio. (Véanse
los artículos  18 y 25 de la ley 22 de
2006).

Los funcionarios deben rendir cuenta.

Todo servidor público debe rendirle
cuenta al país, conforme a la filosofía de la ley de transparencia.

Ley 6 de 2002

Obligación de Informar por Parte del Estado

Artículo 8. Las instituciones del
Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera,
información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan,
exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso
restringido.

El hecho de que la Asamblea Nacional
no haya querido citar a algunos funcionarios, criticados por algún sector de la
ciudadanía; no los exime, de que ellos, por voluntad propia, lo hagan, como lo
dicta la ley antes citada.

Es un hecho público y notorio los
cuestionamientos que gravitan por algunos contratos públicos, elaborados por
varios entes estatales.

Si los que firmaron los mismos, no
desean rendirle cuentas al pueblo, el Ministerio Público tiene la obligación de
iniciar, al menos unas sumarias en averiguación, debido a que los pliegos de
cargos y los contratos, deben hacerse de manera objetiva y transparente;
procurando sobre todo, la participación de diversos oferentes, en los actos, con
el propósito de lograr la adquisición de un buen producto, a un buen precio. (Véanse
los artículos  18 y 25 de la ley 22 de
2006).

Es
un hecho público y notorio que en las inauguraciones de obras del Estado, o en
actos oficiales, algunos funcionarios con mando y jurisdicción emiten frases en
contra de partidos y/o candidatos. Esta práctica parece ser censurada por la
legislación electoral, precisamente en el Decreto No. 20 de 23 de 2003 del
Tribunal Electoral, por lo que por salud democrática, la misma debiera cesar,
para evitar problemas legales.

La
norma reza así.

Decreto No. 20 de 23 de junio de 2003

Artículo 3 Fuera de su horario de servicio, todo funcionario
público es libre de hacer, campaña a favor o
en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de
la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean
velados los medios empleados a tal fin.

Artículo
4. Los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato
popular, tienen plena libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos, a cualquier hora, siempre
que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter
oficial, aunque fueren velados los medios empleados a tal fin.

Es
un hecho público y notorio que en las inauguraciones de obras del Estado, algunos
funcionarios con mando y jurisdicción emiten frases en contra de partidos y/o
candidatos. Esta práctica parece ser censurada por la legislación electoral,
precisamente en el Decreto No. 20 de 23 de 2003 del Tribunal Electoral, por lo
que por salud democrática, la misma debiera cesar, para evitar problemas
legales.

La
norma reza así.

Decreto No. 20 de 23 de junio de 2003

Artículo 3 Fuera de su horario de servicio, todo funcionario
público es libre de hacer, campaña a favor o
en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de
la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean
velados los medios empleados a tal fin.

Artículo
4. Los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato
popular, tienen plena libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos, a cualquier hora, siempre
que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter
oficial, aunque fueren velados los medios empleados a tal fin.