Archivar en enero 19, 2013

La expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, según medios de comunicación social, criticó, este viernes 18 de enero la situación política en Venezuela y pidió al gobierno de Ricardo Martinelli una postura al respecto.

Ella entre otras cosas afirmó: “Si esa no era lo posición de Panamá, entonces creo que está bien despedido, sin embargo, Panamá tiene que decidir qué va hacer con Venezuela, porque en Venezuela se violó la Constitución“.

A mi criterio, es completamente desacertada la posición de la ex mandataria, cuenta habida que mi país debe honrar la autodeterminación del pueblo venezolano, que tiene toda la potestad constitucional, de definir su destino, amén de que no puede declarar que en Venezuela se violó la Carta Magna, ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la continuidad en sus funciones del gobierno venezolano. Los siete jueces de la mesa constitucional del TSJ consideraron que “el poder ejecutivo constituido (…) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”, por un lado, y por el otro, no consta un pronunciamiento de un tribunal internacional, sobe el tema. Por lo anterior, es totalmente desacertada, la declaración de la ex presidenta.

Algunas personas están considerando la figura de la primera dama de Panamá, para que pueda correr para la más alta magistratura de este país.

A la verdad constitucionalmente hablando, opino que no tendría ningún impedimento, al menos para ser considerada como candidata. Veamos

Constitución panameña.

ARTICULO 192. No podrá ser elegido Presidente de la República:

1. El ciudadano que llamado a ejercer la Presidencia por falta absoluta del titular, la hubiera ejercido en cualquier tiempo durante los tres años inmediatamente anteriores al periodo para el cual se hace la elección.

2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente de la República que haya ejercido sus funciones en el periodo inmediatamente anterior a los del ciudadano indicado en el numeral uno de este artículo.

La primera dama no es pariente del presidente, al tenor de lo que precisa el código de la familia, a saber:

ARTÍCULO 23. El parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos, o por adopción, de su consorte.

La base de este parentesco es el matrimonio, si bien los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad.

Parentesco es la relación de familia entre dos o más personas, ya sea por lazos de consanguinidad, por adopción o por afinidad.

El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre personas unidas por vínculos de sangre.

El parentesco por adopción es la relación que existe entre el adoptante y sus parientes, con el adoptado y sus descendientes.

El parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos, o por adopción, de su consorte.

Entre ambos cónyuges únicamente existe la unión legal o matrimonio.

En algunos países han incorporado en la Carta Magna el impedimento hacia el consorte del presidente, para el cargo, que no es el caso en Panamá.

¿Cómo podrían ver algunas personas, la candidatura de la primera dama?

Los libre pensadores.

Como un derecho que tiene ella, como cualquier otro sujeto en Panamá

Los que apoyan el oficialismo.

Como una buena posibilidad de extenderle el mandato a la administración presente.

Los que se oponen al gobierno.

Como una reelección disimulada del presidente quien podría gobernar a través de su esposa, debido a que la reelección directa del presidente, no es viable en Panamá.

En medio del estancamiento del diálogo con el Frente Amplio de Colón (FAC) y con el anuncio de sectores populares de la comarca Ngäbe Buglé de retomar medidas de fuerzas para exigir sus reivindicaciones sociales, el presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado Benicio Robinson, pidió al gobierno que declare una amnistía como muestra de que quiere llegar a un acuerdo.

A mi juicio esta idea no procede debido a que la Asamblea Nacional sólo puede decretar una amnistía POR DELITOS POLITICOS y no por los comunes. Veamos.

Constitución

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

…

6. Decretar amnistía por delitos políticos.

Por su parte la Corte, declaro que es lo que se considera Delito Político.

En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”

Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o Amnistía decretada por la Asamblea Nacional, que se llegare a promulgar en el futuro, para los casos consabidos, pareciera colisionar con la definición jurisprudencial citada, por lo tanto, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

Con la Ley No. 54 de 17 de septiembre de 2012, se han hecho una serie de modificaciones al código electoral panameño, que deberán honrarse para las próximas elecciones del año 2014.

Los temas de mayor importancia, a continuación.

1. Los miembros de los partidos políticos podrán aspirar a la postulación simultánea para más de un cargo de elección popular.

Esto es un caudillismo.

2. A cada candidato de libre postulación, reconocido formalmente por el Tribunal Electoral, se le entregará, dentro de los sesenta días calendario siguiente a dicho reconocimiento, una suma inicial de cincuenta centésimos de balboa (B/.0.50) por cada adherente que haya inscrito para su postulación.

Antes este aporte era de (B/.0.30).

3. Se establece un procedimiento que limita la capacidad de suspensión instantánea del Tribunal, en la propaganda electoral tachada como sucia, ya que lo obliga a buscar primero, la opinión de la fiscalía general electoral.

4. Las postulaciones de candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República, se podrán hacer por los partidos políticos reconocidos o mediante libre postulación.

Con esto se llena un vacío legislativo que existía en nuestra legislación, sobre la libre postulación.

5. Se establece una limitación de postulación del mismo candidato, por las alianzas adversas.

En el pasado, no había limitación.

6. En las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las primarias, las postulaciones se harán garantizando que efectivamente, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de las candidatas sea para mujeres.

Esto es beneficioso para las mujeres.

7. El porcentaje mínimo de adherentes a las candidaturas por libre postulación al cargo de Presidente y Vicepresidente para las elecciones generales del 2014 será del uno por ciento (1 %) de los votos válidos emitidos para el cargo de Presidente de la República en la última elección,  y para solicitar el inicio de recolección de firmas se necesitará un mínimo de cinco por ciento (5%) de los adherentes necesarios para dicha candidatura.

8. Se elimina el voto en plancha.

Esta disposición favorecerá a los partidos pequeños y a los de libre postulación, en los circuitos plurinominales, ya que al momento del residuo, y cuando terminen las adjudicaciones por el cociente y el medio cociente, no serán avasallados por la aplanadora de los partidos fuertes, que orientaban a sus electores, otrora, a votar por todos los de la lista, independientemente de las cualidades éticas y morales de los candidatos.

Ahora cada votante, tendrá la obligación de escudriñar los valores del candidato, por el cual votará.

A mi juicio, no le veo ninguna posibilidad a los de libre postulación, para que salgan como diputados, en los circuitos plurinominales, mediante la opción del cociente y  medio cociente.

Las autoridades del tránsito y trasporte terrestre le han anunciado al país que los conductores que entren al corredor sur, sin su tarjeta serán multados por la infracción No. 59 del reglamento de tránsito.

Infracción 59

“Desatender líneas de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector.”

Esta sanción se paga con 20 y a mi juicio, no aplica para el caso en comento, conforme al principio de estricta legalidad, debido a que la sanción, se implementa para los siguientes casos:

Artículo 167. Cuando el tránsito vehicular sea dirigido por un inspector de tránsito de la Policía Nacional o inspector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre debidamente capacitado, los conductores deberán obedecer sus indicaciones por encima de la señalización existente.

Artículo 169. Es prohibido respecto a los dispositivos para el control del tránsito:

a. No hacer el alto en las intersecciones donde esté indicado.

b. Realizar giros prohibidos por señales viales o marcas en la vía.

c. Detenerse sobre las líneas de no pare o del paso peatonal a nivel.

d. Avanzar con la luz roja en el semáforo.

e. Desatender indicaciones del inspector.

…

No entiendo el deseo de la aplicación extensiva de una sanción, por una infracción, que no corresponde,  para querer coadyuvar con la fluidez en los corredores.

Los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé, por lo tanto, los servidores públicos no deben abusar del  cargo que ostentan

La Asamblea no puede citar ni a un Procurador ni a un Magistrado de la Corte de acuerdo a lo que dispone el artículo 161 numerales 4 y 9 de la Carta Magna.

Transcripción

ARTICULO 161. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional:

4. Aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración y los demás que haga el Ejecutivo y que, por disposición de esta Constitución o la Ley, requieran la ratificación de

la Asamblea Nacional. Los funcionarios que requieran ratificación no podrán tomar posesión de su cargo hasta tanto sean ratificados.

…

9. Citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique el Órgano Legislativo…

JURISPRUDENCIA

Sentencia de 24 de noviembre de 1995 de la Sala Tercera.

En el mencionado fallo se declaró:

” … es de notar que el numeral 4, del artículo 155 (hoy 161 numeral 4) de la Constitución no dice que la Asamblea Legislativa ratifica los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que dice dicho numeral, es que la Asamblea Legislativa corresponde aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y continúa diciendo dicho numeral que, ‘los demás nombramientos que haga el Ejecutivo y que por disposición de esta Constitución o de la ley requieran la ratificación de la Asamblea Legislativa’. Los términos aprobar y ratificar no son sinónimos, tienen alguna identificación entre ellos, pero no son iguales.

…

Y es que los Magistrados de la Corte integran, como sus autoridades superiores, uno de los Órganos del Estado, a diferencia de los Directores Generales o Gerentes de las Entidades Autónomas, Semiautónomas, Organismos Descentralizados, Empresas Industriales o Comerciales del Estado, que son autoridades importantes del Órgano Ejecutivo, pero no son las autoridades superiores de ese Órgano del Estado. En el presente caso el que está siendo citado es el Representante del Órgano Judicial. Además el nombramiento de los Magistrados de la Corte, normalmente exceden el término de duración de una Asamblea Legislativa, en tanto que los Directores Generales o Gerentes de Instituciones Autónomas se designan generalmente por el mismo término de duración de la Asamblea Legislativa que los ratifica.

…

Se ve entonces que la Asamblea Legislativa no ratifica a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sino que aprueba o imprueba sus nombramientos acordados por el Presidente de la República con el Consejo de Gabinete.” (Fs. 12-113).

Este caso se aplica a los procuradores.

Además se violaría la independencia judicial, con la citación de un Procurador (caso Ana Belfon) recogida en el artículo 210 de la Constitución. Los magistrados y los procuradores deben ejercer sin injerencia de ninguna clase de parte de los otros Órganos del Estado.

ARTICULO 210. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley…

La labor periodística tiene una responsabilidad, primaria, y es la de publicar la información con veracidad. Por ello, debe regularse con eficacia el derecho a réplica  en favor de los ciudadanos, para contrarrestar, en alguna forma, la deficiencia, de una información emitida, por algunos.

En Panamá la deficiente regulación del tema, ha provocado afectación en personas, debido a la publicación de una noticia injuriosa o calumniosa, emitida en un medio de comunicación, que no actuó como buen padre de familia, en la búsqueda de la información y/o en el suministro de la data hacia sus usuarios, y en algunos casos, ni ha rectificado la misma, pese al pedido del afectado.

El derecho de la rectificación está consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 14. La norma lee de la siguiente manera:

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta.

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Aclaro que si existen comunicadores que cumplen con su obligación de informar con eficiencia, y si es el caso, rectifican su error publicado de manera responsable.

Como quiera que el Derecho a Réplica está regulado deficientemente, en Panamá, por la Ley 22 de 2005, debe modificarse esta norma
de manera urgente, para exigir la publicación de la rectificación, con la misma prominencia en que se publicó, la información inexacta, entre otros puntos.

Hay gente que considera erróneamente que el Pleno de la Corte no puede conocer el caso de FP por lo que precisa el artículo 300 de la ley de valores, y esto es un error, catastrófico.

Transcripción de la norma.

Artículo 300. Impugnación de la reorganización. La resolución que decrete la reorganización de una institución registrada puede ser impugnada por la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero se entiende que las resoluciones dictadas según el artículo 23 del Título Preliminar se surtirán con efecto devolutivo. No obstante, la interposición del recurso no suspenderá los efectos de lo resuelto por la Superintendencia ni podrá el juzgador ordenar la suspensión provisional de tales efectos.

Aclaro que lo transcrito no abarca a los casos del PLENO de la CORTE cuyos procesos se sujetan a lo que dispone la Constitución  y el código judicial.

Argumentar que por aquello del principio de preferencia, de la vía contenciosa  administrativa, no se puede interponer una acción de amparo de garantías constitucionales, en  la Corte; sería atentar contra el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que está en rango constitucional.

Transcripción.

Artículo 25.  Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Lo que si debe la Corte hacer, es fallar en el fondo del negocio lo más pronto posible

Aspectos interesantes de los instrumentos:

1.     El objeto del contrato es a nivel nacional.

2.     El particular deberá invertir como mínimo, 3 millones de dólares, durante el periodo de la concesión.

3.     Le endosa el deber de notificar a los infractores, al concesionario, lesionando la Ley 38 de 2,000, que le da esta potestad al secretario o a los funcionarios administrativos del Estado. (Artículo 201 numeral 102 de la Ley 38 de 2000)

4.     La manera de notificar al afectado, no es la que consagra la ley 38 de 2000.

5.     El contrato pudiera afectar el interés público ya que se posibilita un contrato, hasta por 20 años (10 años del contrato más la prórroga) dando beneficios al particular del 35% de la multa impuesta, incluyendo  el desacato; los beneficios por el suministro de información estadística a terceros y otros, que sean informados al Estado.

6.     La ATTT permitirá darle la base de datos sensitiva de los usuarios al concesionario, para que trabaje con ella.

7.     Le permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario.

8.     Se le permite al concesionario cobrar intereses moratorios por la demora en el pago por parte del Estado.

9.     Las multas impuestas anteriormente, por la cámara conocida, no se anulan, sino que se ajustarán al nuevo porcentaje.

10. El Estado, durante el contrato, no podrá rebajar los montos en concepto de multa por las infracciones de tránsito.

11. Ningún otro contratista, durante el término del contrato, podrá prestar un servicio similar  o conexo con el Estado.