Archivar en enero 25, 2013

Hay varios funcionarios que aspiran a diversos cargos de elección popular, por lo que gravita una preocupación ciudadana sobre la publicidad que se le harán a los programas de las instituciones, realizadas con los fondos públicos, ya que pudieran ser utilizados, para promocionar al servidor público, ya sea directa o indirectamente.

Las cuñas o propagandas se ejecutan a través de contratos u órdenes de compras.

¿Cómo se lleva a la vida jurídica, un contrato de publicidad por la vía normal?

La unidad gestora la proyecta (Ministerio, etc.) y se lo pasa a la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO para que lo apruebe.

La Contraloría General no refrenda normalmente, ningún pago sobre pautas publicitarias, sin que la Secretaria comentada haya dado su visto bueno; y su sustento legal radica en la Circular No. 44-2006-DC-DFG de 10 de julio de 2006, reiterada en la Circular No. 60-Leg de 26 de agosto de 2006, vigentes hoy; en las que se dice que: “toda publicidad del Estado que sea pautada en los medios de comunicación o de información a nivel nacional,  debe ser previamente aprobada por la Secretaría de Comunicación del Estado, con excepción de anuncios de edictos, licitaciones públicas y demás comunicados requeridos por ley.”

Aclaro que dentro del género de publicidad, se han incluido a las cuñas y las propagandas.

De manera anormal se puede llevar a cabo también, una publicidad y es cuando el ente público celebra un contrato de publicidad, sin el aval de la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO y la Contraloría lo paga. En este caso, el gestor junto con la Contraloría, serían los responsables por el gasto, ya que salió a la vida jurídica el contrato, sin que se honrara, el procedimiento previsto.

Por lo anterior, si un precandidato a cargos de elección popular, se promociona por medio de la publicidad del Estado, los responsables de este dislate serian: la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, la Contraloría General de la República y el funcionario habilidoso,  de manera solidaria o individual, dependiendo de la participación de las personas en el acto administrativo que generó el contrato u orden de compra, por lo que tendrán que responder, por el uso adecuado del fondo público,  ante las autoridades competentes en la presente administración o en la futura, que se instale en el año 2014.

Medios de comunicación dicen que El 6 de marzo próximo se consignará el acuerdo. Panameñistas, PP y PRD dicen que es necesario. CD aún no confirma su apoyo

El pacto ético es Una propuesta de la Iglesia

La Conferencia Episcopal Panameña pondrá la propuesta sobre la mesa este 6 de marzo para que los partidos que concuerden con ella la consignen

Los dirigentes y principales aspirantes presidenciales por los partidos Revolucionario Democrático (PRD), Panameñista y Popular (PP) confirmaron ayer que suscribirán el acuerdo.

Ahora bien a este documento no está bien elaborado y en parte pareciera que hubiese sido hecho por algún ciudadano que comulga con la oposición, por lo que, a mi juicio, merece su modificación antes de que se implemente.

1. Motivan a la firma sólo a los representantes de los partidos y los de libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral para presidentes. Esto es un error debido a que deja por fuera a los candidatos por la libre en los otros cargos de elección popular, por un lado, y por el otro, afirmo que un independiente se considerará candidato hasta después del 4 de septiembre del 2013, de acuerdo al Acuerdo 19 del tribunal electoral, por lo que resulta intranscendente, esta firma. Debiera suscribirse por los independientes que hayan solicitado el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo.

2. Pretende obligar a los partidos a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. No se debe utilizar un pacto ético para consagrar un concepto que el legislador no contempló, aunque parezca bueno. El pacto debe considerarse como un apoyo, no un elemento integrador o modificador de un código.

3. Pretende que los partidos velen para que las instituciones judiciales o policiales y otras, no sean utilizadas como mecanismo de coacción, persecución etc. contra ciudadanos. Esto es irregular, ya que no le es dable a los partidos jugar este papel.

4. Al gobierno se le insta a respetar la autonomía de las autoridades electorales. De la redacción se infiere que el gobierno pudiera estar incumpliendo con esto, de acuerdo con la conferencia episcopal.

5. Al gobierno se le insta a garantizar y respetar la independencia de las instituciones judiciales y a impedir que estas sean utilizadas para persecución, represión e intimidación. Interpreto de la redacción, que hoy el gobierno, no lo está haciendo, cuando se le insta a hacerlo. Por otro lado, el gobierno no puede entrometerse en otro órgano del Estado, para pretender evitar una supuesta intimidación. Violaría la Constitución si lo hiciera.

6. El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más.

7. El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz y un organismo consultivo, elabore su reglamento y su metodología para actuar, sobre las investigaciones y denuncias, etc., empero, integran a representantes de medios de comunicación social, dentro del organismo consultivo, que no se hizo en el pacto ético electoral de 1998 y no sabemos el por qué del cambio. El organismo consultivo lo forman: 5 por el que hizo este documento; 5 por los medios; 1 por cada partido y los candidatos presidenciales por la libre postulación, nada más.

Panamá le ha abierto las puertas a muchas nacionalidades, apasionadamente, no obstante las autoridades, no han invertido tiempo ni esfuerzo para explicarles a los nacionales, el por qué de las mismas, ni mucho menos, sobre cuál es el camino a tomar, en materia de extranjerización, hacia el futuro.

Normas aprobadas, que ameritan, al menos, una explicación a la ciudadana.

No percibo una definición clara en materia migratoria en Panamá.

Esta falta de definición migratoria, podría producir a corto o a mediano plazo, lo siguiente:

Por lo antes expuesto, urge una definición seria y clara sobre lo que queremos como país, misma que debiera ser explicada, y hasta consultada con los nacionales panameños.

Un grupo de conductores del Metro Bus,  no descarta la paralización total de sus labores la próxima semana de no aprobarse su salario base de 800 dólares.

Y la pregunta es ¿quiénes serán los que terminarán pagando, el aumento salarial a los trabajadores?

Respuesta. El pueblo.

La respuesta se deduce del contenido de la cláusula trigésima cuarta del contrato de concesión No. 21-10 que habla del equilibrio contractual. O sea, que la empresa puede exigir una adenda contractual para evitar las pérdidas económicas producidas por el aumento salarial de los obreros.  Hecho que no había sido previsto, al momento de la firma del contrato.

Transcripción.

La empresa, salvo que sea muy altruista, podría exigir la adenda del contrato a la ATTT, para ajustar la tarifa que pagaría directamente el usuario,  o el pueblo, a través del gobierno, en subsidio económico.

¿Para eso querían  sindicalizarse?

El presidente Ricardo Martinelli, ha justificado el uso del avión presidencial para asistir el sábado pasado a una actividad política de su partido Cambio Democrático (CD), llevada a cabo en Santiago.

Algunos, por este hecho, han considerado que se cometió delito.

La Corte Suprema de Justicia, Pleno, el  30 de Julio de 2003, en el caso de la otrora presidenta Mireya Moscoso y de la ministra  IVONNE YOUNG, que se les encontró, antes de las 2 de la tarde de un día hábil, en un almacén de la localidad, con escoltas y vehículos oficiales, dijo en torno al uno de bienes asignados por la investidura, lo siguiente:

“Del mismo modo, debemos recordar que los Ministros de Estado y el Presidente de la República, por razón de su investidura, deben movilizarse acompañados de su personal de seguridad, en los vehículos asignados a ellos, ya sea dentro o fuera del horario regular de trabajo, por lo cual no constituye delito alguno la presencia de los mismos en el local en que se encontraba la Ministra de la Presidencia IVONNE YOUNG en compañía de la señora Presidenta de la República…”

A mi juicio esta misma filosofía tribunalicia, que no fue objetada por el foro antes,  pudiera extenderse perfectamente, para al uso del avión presidencial del señor Martinelli, pues se entiende, sensatamente, que hay bienes asignados, para la seguridad  y la debida locomoción, de altas personalidades del sector gubernamental, aún en sus momentos de ocio.

Por lo antes expuesto, en base al precedente anotado y al uso de la lógica, no considero que se haya cometido infracción alguna por parte del presidente por el uso del avión presidencial, en los términos anotados.

Algunas personas consideran, que los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción, que aspiran a ocupar cargos importantes de elección popular en el 2014, deben ya,  separarse de sus puestos para que se respete el libre rejuego democrático en Panamá; sin embargo, el planteo,  per se, es un error técnico y legal, a mi juicio, por lo siguiente:

Código Electoral.

Artículo 27. No son elegibles para cargos de elección popular, los servidores públicos que hayan ejercido en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección, los siguientes cargos oficiales:

1. Ministro y Viceministro de Estado, Secretario General y Subsecretario General, y Director y Subdirector General, Nacional, Regional y Provincial de ministerios.

2. Director y Subdirector, Administrador y Subadministrador, Gerente y Subgerente Nacional, General, Regional y Provincial, de las entidades autónomas y semiautónomas.

3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral.

4. Contralor y Subcontralor General de la República, Magistrado del Tribunal de Cuentas y Fiscal de Cuentas.

5. Defensor del Pueblo y su Adjunto.

6. Gobernador de provincia, de comarca indígena e Intendente.

7. Corregidor.

8. Miembros de la Fuerza Pública.

Ningún relleno de fondo de mar, debería darse en venta, por un impedimento constitucional, a mi juicio. No obstante, con la resolución de gabinete No. 3 de 15 de enero de 2013, se pretende desafectar más de 10 hectárea de lecho marino en favor de una empresa Compañía insular Americana S.A. y con la resolución de gabinete No. 4 de la misma fecha, se desafecta más de 4 hectáreas de lecho marino a favor ahora de la empresa Adnaloy LTD. S.A. (Ver la gaceta oficial No. 27206 –A de 18 de enero de 2013)

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”

JURISPRUDENCIA

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

En Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, como parte de los terrenos de la Zona Libre de Colón, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (no se habló de VENTA).

La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afectó un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley o peor, aún el Consejo de Gabinete,  puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.

Abanicar la idea de vender los terrenos, rellenados de lecho de mar en el país, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio público que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra resolución de gabinete, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

El diputado y secretario general del opositor Partido Panameñista, Alcibiades Vásquez, advirtió de que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) estarían violando la Constitución si no reconfiguran la asignación de curules de diputados por circuito, previo a las elecciones de mayo de 2014.

Dijo que hay circuitos electorales que han reducido el número de electores, mientras que hay otras circunscripciones en las que se ha incrementado la cifra de votantes.

El magistrado presidente de TE, Erasmo Pinilla, enfatizó que “no hay tiempo” para estos cambios ya que el plan general de elecciones 2014 está en marcha.

Me parece que el diputado en comento,  tiene toda la razón en pedir que se haga el ajuste de rigor, para que se cumpla con la Constitución, específicamente en lo que señala el artículo 147, numeral 2; si es el caso y si se tiene prueba contundente del argumento.

Constitución.

ARTICULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un Diputados que resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo que se dispone a continuación:

…

2. Los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último Padrón Electoral.

Si el tribunal electoral  sabe que ha habido variación en la recomposición de electores en algunos circuitos electorales, debe impulsar entonces, una reformas electoral de inmediato en la Asamblea Nacional,  a fin de que se cambie la ley 59 de 2006 “QUE CONFIGURA LOS CIRCUITOS ELECTORALES PARA LA ELECCION DE DIPUTADOS”. y se honre el principio de igualdad; pero no lo va hacer, elucubro yo, porque sería inconsistente con la posición que tuvo otrora, en torno a las recientes modificaciones, del código electoral.

Mi concepto es que debe privar la justicia electoral, en este punto, más que la obstinación.

Pregunta:

¿Si los diputados están reformando, hoy en día, el código electoral,  por aquello de la ley anti tránsfuga,  porque no pueden ajustar los circuitos electorales, de acuerdo al mandato constitucional?

El diputado y secretario general del opositor Partido Panameñista, Alcibiades Vásquez, advirtió de que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) estarían violando la Constitución si no reconfiguran la asignación de curules de diputados por circuito, previo a las elecciones de mayo de 2014.

Dijo que hay circuitos electorales que han reducido el número de electores, mientras que hay otras circunscripciones en las que se ha incrementado la cifra de votantes.

El magistrado presidente de TE, Erasmo Pinilla, enfatizó que “no hay tiempo” para estos cambios ya que el plan general de elecciones 2014 está en marcha.

Me parece que el diputado en comento,  tiene toda la razón en pedir que se haga el ajuste de rigor, para que se cumpla con la Constitución, específicamente en lo que señala el artículo 147, numeral 2; si es el caso y si se tiene prueba contundente del argumento.

Constitución.

ARTICULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un Diputados que resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo que se dispone a continuación:

…

2. Los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último Padrón Electoral.

Si el tribunal electoral  sabe que ha habido variación en la recomposición de electores en algunos circuitos electorales, debe impulsar entonces, una reformas electoral de inmediato en la Asamblea Nacional,  a fin de que se cambie la ley 59 de 2006 y se honre el principio de igualdad; pero no lo va hacer, elucubro yo, porque sería inconsistente con la posición que tuvo otrora, en torno a las recientes modificaciones, del código electoral.

Mi concepto es que debe privar la justicia electoral, en este punto, más que la obstinación.

Pregunta:

¿Si los diputados están reformando, hoy en día, el código electoral,  por aquello de la ley anti tránsfuga,  porque no pueden ajustar los circuitos electorales, de acuerdo al mandato constitucional?

La expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, según medios de comunicación social, criticó, este viernes 18 de enero la situación política en Venezuela y pidió al gobierno de Ricardo Martinelli una postura al respecto.

Ella entre otras cosas afirmó: “Si esa no era lo posición de Panamá, entonces creo que está bien despedido, sin embargo, Panamá tiene que decidir qué va hacer con Venezuela, porque en Venezuela se violó la Constitución“.

A mi criterio, es completamente desacertada la posición de la ex mandataria, cuenta habida que mi país debe honrar la autodeterminación del pueblo venezolano, que tiene toda la potestad constitucional, de definir su destino, amén de que no puede declarar que en Venezuela se violó la Carta Magna, ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la continuidad en sus funciones del gobierno venezolano. Los siete jueces de la mesa constitucional del TSJ consideraron que “el poder ejecutivo constituido (…) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”, por un lado, y por el otro, no consta un pronunciamiento de un tribunal internacional, sobe el tema. Por lo anterior, es totalmente desacertada, la declaración de la ex presidenta.