Archivar en diciembre 21, 2012

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, aprovechó el acto de bautizo de la bandera nacional y el aniversario de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá para negar que se esté militarizando el país.

Sin embargo sería bueno que le explicara el señor ministro a los panameños, de ser posible, y de no existir resabios del militarismo en nuestro país, el por qué la ley 18 de 1997, modificada por la ley 74 de 2010, consagra un régimen procesal a los miembros, que no lo tiene el común de las personas, que les permite hasta el soslayar la suspensión de su cargo y la detención preventiva, hasta que se concluya el proceso penal, con sentencia en firme y de igual manera, por que la ley 15 de 2010 que crea el Ministerio de Seguridad Pública, liga a todos los estamentos de la seguridad pública, en sus artículos 4 y 11, a un ministro de Estado, en contraposición de lo que dice el artículo 310 constitucional, que determina la sujeción al Presidente de la Republica. Adicional, se instala un organismo permanente para la defensa de la soberanía nacional y eso lo veda el mismo artículo supremo.

Muchos vivimos los acontecimientos  que iniciaron el 19 de diciembre del año 1989 y que se acrecentaron, un 20 de diciembre de esa misma época.

Por integridad algunos nos privamos de adquirir hasta de bienes provenientes de delitos (saqueo) aunque nos costó el no poder alimentarnos bien;  pero nos abstuvimos,  para preservar los  valores y principios adquiridos.

Hoy nuestra juventud sabe poco de la historia patria y algunos de nuestros políticos, no contribuyen para forjarle  valores,  ya que premian en plena democracia,  a los ciudadanos acólitos del régimen dictatorial, que flageló nuestro histórico estado de derecho; llevando un mensaje directo de antivalor, cual es. “Tu caminar integro,  no cuenta para nada;  sino el contacto”.

Debe ser prohibido olvidar acciones que afectaron el orden constituido y las personas que contribuyeron para tal fin, no se les debiera beneficiar, con los dineros del Estado.

Dejo claro que el perdón, que es interno y se le debe prodigar a todo ser humano,  se debe practicar, no obstante, esto, es diferente,  de las  consecuencias que tienen las malas acciones ejecutadas por el hombre. Estas últimas, conllevan rechazo y sanción y por tanto, jamás se deberán olvidar.

Constitución

ARTICULO 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

…

3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

¿Habrá peculado  por destino, en esto?

En el link  http://ernestocedeno.com/PactoEtico.pdf se encuentra el borrador del pacto ético electoral, preparado por el organismo en mención.

Mis observaciones, sobre algunos puntos:

Representantes de la Iglesia Católica elaboraron un borrador del pacto ético electoral con miras al proceso de elecciones del 2014 y lo han presentado a los medios de comunicación social.

El documento para que tenga algún grado de utilidad, a mi juicio,  debe incorporar a los medios de comunicación social no solamente para contribuir a crear un clima electoral de confianza, de seguridad y de transparencia. “En el que impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas”, sino también para que permitan en sus programas de opinión, la igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas;  a difundir las noticias políticas con objetividad y sin favoritismo y a promover el debate democrático de ideas entre los actores.

Ahora bien, no debe imponerse a ningún estamento propuesto por el clero, para que sea el tercero imparcial receptor del pacto y capacitado por las partes, para llamar al orden a los infractores del compromiso, debido a que no estamos en la edad media, sino que debiera ser del consenso de los actores, de donde surja el ente competente para tal fin

Según el Índice  de Percepción de la Corrupción que elabora la ONG Transparency International, divulgado este miércoles en Berlín, de una La lista de los 176 países,  Panamá ocupa el puesto 83 entre los países menos corruptos.

¿Qué se podría implementar, para mejorar, opinio yo?

Independientemente de que un contratista de una obra pública del Estado debe garantizar la calidad de su trabajo  realizado, pues de lo contrario, sería sujeto de demanda por daños y perjuicios, el Estado también tiene una importante responsabilidad y es la de inspeccionar y fiscalizar, en cada etapa,  la obra que se vaya construyendo. Su omisión acarrea igual responsabilidad.

En sentencia del 21 de diciembre de 2009, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, promulgó que el MOP; “incumplió de alguna manera con su obligación legal de inspeccionar y fiscalizar la obra. Pues como hemos expresado ya el ejercicio de esa función debe tener finalidad preventiva, teniendo en cuenta la posición garante del Estado, lo que quiere decir, que la Administración debe realizar actividades en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, lo cual debe ser una de (sic)  razón de ser del deber de la Administración al desarrollar sus funciones… En el presente caso, analizando la conducta de la Administración y del contratista, se puede apreciar que el Estado no adoptó las medidas de seguridad adecuadas a través de sus facultades de vigilancia y supervisión que le competían y del concesionario por el ejercicio inadecuado de la obra dada en concesión, no obstante, este último no forma parte de esta análisis”.

En este caso la Corte condenó al Estado a indemnizar por los daños y perjuicios causados a consecuencia del derrumbe por la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, en la que perdieron la vida varios menores de edad.

Si la destrucción de una obra es producto de la naturaleza, ningún humano seria  responsable, por los eventos del caso fortuito, no obstante, si para la misma, contribuyó el hombre, por su obrar imprudente o negligente, entonces el mismo tendría que responsabilizarse y para eso se requiere que se instauren, los diversos procesos correspondientes, en procura de deslindar las responsabilidades pertinentes.

El fenómeno de la militarización es la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. A mi juicio Panamá no vive eso, ni se puede argumentar que por la dotación de los aparejos de la fuerza pública, que bien lo necesita, nos estamos re-militarizando.

No obstante si existe una estructura jurídica que tiene parte de la filosofía militarista que debe adecuarse en forma perentoria y me refiero a la Ley 15 de 2010 que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado.

Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley

La ley organizará los servicios de policía necesarios, con mandos y escalafón separados.

Ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República. El Presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente Título; y éstos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil; por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales.