La Policía Nacional (PN) compró de manera directa 150 pistolas de electrochoque para frenar la delincuencia, comentan los medios de comunicación.
Aunque parezca loable la adquisición de equipo para reducir la delincuencia, para la utilización sensitiva de éstos instrumentos, a mi juicio, debe establecerse una regulación, en donde se precise lo concerniente a su aplicación, las responsabilidades del que las porte y especialmente, que se usarán, únicamente para reducir a individuos peligrosos atrincherados en el interior de domicilios o comercios, pero no en manifestaciones callejeras ni en labores de seguridad ciudadana.
Conforme al principio de estricta legalidad que impera en el derecho público, los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley prevé, por lo que resulta necesario determinar regulaciones y controles, al menos en una legislación administrativa.
La utilización de una descarga eléctrica para reducir a una persona no puede ser considerada inofensiva. Tiene dos riesgos: primero las condiciones físicas del sujeto, que se ignora y, por tanto, no se podrá vaticinar los resultados físicos sobre el mismo; y segundo, la situación psicológica del policía que usa el arma, que si mantiene un equilibrio en todo momento, podrá reprimir un uso abusivo de la herramienta.
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