Recientemente se ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Electoral contra el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, por el supuesto uso de recursos del Estado para proselitismo político con el fin de promover sus aspiraciones políticas para las elecciones de 2014.
Desde el punto de vista legal, hay otros actores, que deberán también rendirle cuenta al país, por la utilización de publicidad del Estado, con fondos públicos, si es que ésta, no guarda una absoluta correspondencia, con el objeto pautado y me refiero específicamente a la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO.
La Contraloría General no refrenda ningún pago sobre pautas publicitarias, sin que la Secretaria comentada haya dado su visto bueno; y su sustento legal radica en la Circular No. 44-2006-DC-DFG de 10 de julio de 2006, reiterada en la Circular No. 60-Leg de 26 de agosto de 2006, vigentes hoy; en las que se dice que: “toda publicidad del Estado que sea pautada en los medios de comunicación o de información a nivel nacional, debe ser previamente aprobada por la Secretaría de Comunicación del Estado, con excepción de anuncios de edictos, licitaciones públicas y demás comunicados requeridos por ley.”
Por lo antes expuesto, como ciudadanos, nos merecemos al menos, una justificación real y efectiva, sobre el por que se han avalado pautas, donde pareciera que se le está rindiendo culto a diversas personalidades del gobierno, con fondos del Estado.
Esta práctica es inadmisible y censurable.
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